LOSANTOS, SIN MORDAZA

Las palabras son el bálsamo de los que sufren la soledad. El frescor que revitaliza las mentes aduladas por el saber. El ruido que entretiene al ignorante. El soplido que balancea los sentimientos del poeta. Pero en ocasiones también son la causa de otalgias. Dardos punzantes del que discrepa. Armas arrojadizas que pueden destruir al guerrero del bando contrario.
Según Rosa Montero, “la lengua es como la piel de la sociedad y sigue con estrechísima adherencia todas las mudanzas del cuerpo que cubre, así engorde o adelgace: por ejemplo, se está perdiendo la palabra solterona de manera natural, porque se está quedando vacía socialmente”. Esta definición que Montero elaboraba en Ellas, artículo publicado en El País el pasado 17 de junio, me sirve para preguntarme cuándo destriparemos el sentido de palabras innecesariamente vejatorias. Para reflexionar si algún día nuestra sociedad adelgazará a lo Deborah Voigt, desprendiéndonos así de términos o afirmaciones que puedan resultar injuriosas.
De momento podemos deshacernos de ellas mediante la intervención de la Justicia. Pero para ello hace falta parné. Que se lo pregunten a Federico Jiménez Losantos.
Esta pasada semana conocíamos la sentencia que condenaba al locutor estrella de la Cope a 36.000 euros de multa por un “delito continuado de injurias graves con publicidad” contra Alberto Ruiz Gallardón, así como por dedicarle al alcalde de Madrid expresiones “claramente insultantes o hirientes”, consideradas por la juez innecesarias para el ejercicio de la labor informativa.
Se podría decir que no le ha costado caro al periodista difundir lo que la juez de lo Penal número 6 de Madrid ha valorado como injurias. La mitad de lo que el fiscal pedía.
Pero más allá del precio a pagar por el empleo de vocablos lipídicos, que sobran de igual manera que estaban de más los kilos de la soprano estadounidense anteriormente citada, la sentencia ha reabierto el debate entre el derecho a opinar y recibir información, y el derecho al honor que tiene todo ciudadano, incluidos, cómo no, cargos públicos.
“He leído detenidamente la sentencia de la juez Inmaculada Iglesias. No estoy de acuerdo con ella. Conozco bien a Federico Jiménez Losantos, ni voy ni he ido a su programa radiofónico y discrepo de forma notoria de algunas de sus posiciones y obsesiones. Tengo, además, simpatía por Alberto Ruiz Gallardón. Pero no puedo compartir la sentencia que condena al periodista y que, a mi modo de ver, lesiona de fondo la libertad de expresión…La sentencia contra Federico Jiménez Losantos me parece alarmante. Si se aceptara como norma, los periodistas de cualquier ideología difícilmente podrían cumplir con su función esencial: la de administrar el derecho a la información que tienen los ciudadanos”, escribía Luis María Anson el pasado 20 de junio en el diario El Mundo. Como podemos ver, una defensa palaciega de la libertad de expresión que profundiza poco en lo que Miguel Ángel Aguilar ha calificado como “periodismo de asalto” al escribir sobre la labor periodística de Losantos. “Su forma de hacer periodismo es incompatible con cuanto predica la Iglesia. Se trata de un periodismo de asalto –en las antípodas del amor al prójimo-, que se esfuerza en la siembra del odio, del antagonismo cainita. Dicen que la grandeza de la democracia incluye aceptar espacios para esos combatientes empeñados en el triunfalismo de la catástrofe. Pero es inaceptable que estén bendecidos por un medio como la Cope, que es propiedad de la Conferencia Episcopal”, opinaba el 17 de junio el colaborador de La Vanguardia en el diario catalán.
Los obispos ya han comunicado que intensificarán su relación con la dirección de la Cope con el fin de velar por el respeto al ideario de la cadena. Pero, ¿ le servirá a Losantos esta sentencia como escarmiento?
De momento, el mismísimo martes día 17, el periodista cerraba su columna de El Mundo – artículo Con J de “ Juliani”- de la siguiente manera “ La verdad es que esta Justicia con Jota de Juliani niega la libertad de expresión que el artículo 20 de la Constitución garantiza. Y encima yo no tengo el teléfono del TC para ver si, tras el recurso que interpondremos (y ganaremos, supongo) en la Audiencia de Madrid, debo querellarme con la jueza por prevaricación. María Emilia, llámame.”
Lindezas de tan tamaño orden también se han visto publicadas en una carta al director del diario El Mundo. Ignacio de Saavedra Lage, lector del periódico dirigido por Pedro J. Ramírez, encontró en el mismo, el 18 de junio, su promontorio de opinión: “ La Ilma. Sra. Doña María Inmaculada Iglesias debería saber que no, que a Federico Jiménez Losantos ya se le ha condenado a la privación de libertad con su sentencia discriminatoria y seguramente sometida a presiones políticas. Esta sentencia ha pasado a la historia, sí, a la historia de la infamia más absoluta. Debe de sentirse afortunada por colaborar en la degradación de nuestro sistema de libertades”.
Memeces, querida Rosa Montero, sí que es una palabra que nunca quedará vacía socialmente. Porque no se ha visto dañada la libertad de expresión. Porque la intención de la resolución judicial no es ni amedrentar ni asustar a los periodistas. Porque la libertad de información y expresión tienen sus límites. Y eso lo sabe cualquier periodista o estudiante de periodismo. Léanse los que lo duden el artículo 20. 4 de la Constitución Española: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. De hecho, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, ha recordado, tras ver la luz la sentencia, que el ejercicio del periodismo “siendo lo más ilimitado posible, tiene límites”.
Lo que ha hecho la juez es, pues, ponderar. Debemos así respetar las resoluciones judiciales, tal y como lo ha hecho el propio Gallardón. También el recurso que pueda formalizar Losantos. Con este fin, esperaremos las deliberaciones que tuvieren que realizar en un futuro la Audiencia de Madrid, el Tribunal Constitucional o Estrasburgo.
Si sigue habiendo un mínimo de sensatez en los fallos, los jueces seguirán dando la razón al alcalde de Madrid. Javier de Matrice.