EPÍSTOLA AL JUEZ GARZÓN

Estimado juez Baltasar Garzón:

Lo suyo es una carrera de obstáculos. Incluso estando de baja médica debe sortear las barreras que le ponen sus propios compañeros. ¡Dónde quedaron los detalles: los bombones, las flores…! Ahora lo que hay es un stop temporal promovido por la Fiscalía, no por su propia salud. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se agarró el pasado viernes 7 de noviembre a la noción de urgencia recogida en el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para frenar la apertura de fosas que usted tenía anotadas en su agenda. “Mientras no recaiga decisión (sobre la competencia), cada uno de los jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia”, reza el artículo aplicado por el tribunal. Anonadado me quedo. Se suspenden cautelarmente los trabajos autorizados por usted y por su suplente -el juez Santiago Pedraz- en materia de exhumaciones a la espera de que se dictamine si es competente para instruir e investigar lo que algunos consideramos que deberían tomarse como crímenes contra la Humanidad: los asesinatos múltiples y programados, torturas y enterramientos forzosos cometidos durante la Guerra Civil Española y el franquismo. Se habla de que no son tareas urgentes. Desconozco su postura, pero creo que estará de acuerdo conmigo en considerar que la celebración del pleno tampoco era muy urgente, pues la decisión de 10 de los 15 magistrados presentes en la reunión de urgencia sólo afecta de manera inmediata a la fosa en la que “descansa” Federico García Lorca (Alfácar, Granada), a otra de La Serna (Madrid), y a la fosa de un columbario del Valle de los Caídos. De hecho, curioso me resulta que la Fiscalía solicite la paralización de exhumaciones justo después de que el juez Pedraz permitiera estos días de atrás la apertura de seis nuevos enterramientos. ¿No había ya autorizado usted la apertura de 19 fosas en el auto en el que se consideraba competente, fechado a día de 16 de octubre de 2008? ¿Ahora nos pueden las prisas? Perplejo también me deja que en el pleno se señalase que estas exhumaciones podrían causar “perjuicios irreversibles de difícil reparación” si a usted no le compete la investigación. ¿Perjuicios a quién? ¿A los familiares de los ocho fusilados en 1936 y enterrados en 1968 en el mausoleo madrileño sin el consentimiento de los suyos? ¿A decenas de hermanos, hijos y nietos que quieren dar digna sepultura a los huesos de quienes ocupan el principal vacío que reflejan sus miradas? ¿A la nieta de un maestro granadino que lleva tiempo buscando precisamente eso: la libre disposición de los huesos de su abuelo? Más aún me sorprende leer en la edición de La Razón del sábado 8 de noviembre (editorial Una decisión ajustada a derecho) que “han actuado acertadamente los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al subsanar una anomalía procesal…”, refiriéndose con ello a su proceder jurídico. ¿Opinan lo mismo las partes personadas en la causa, en concreto las asociaciones denunciantes? Mucho lo dudo cuando puede comprobarse que inmediatamente manifestaron su malestar por no ser informados de esta estimación que tiene sus raíces en una disconformidad del Ministerio Público avalada por la Ley de Amnistía de 1977, norma que por otra parte de buen gusto bien podría derogarse por ser contraria a Convención de Derechos Políticos y Civiles de 1966, ratificada por España en julio de 1977. “Creo que fue una de las claves de la transición. Las circunstancias no eran precisamente ideales: los franquistas tenían el poder y los medios de represión. La oposición tenía la capacidad de movilización en las calles, pero ellos tenían los aparatos de represión. Los dos lados eran débiles, y se vieron obligados a pactar”, manifestaba el historiador José Álvarez Junco al hablar del acuerdo del 77 en una entrevista publicada en El País el 14 de septiembre de 2008. Aunque necesario para el desarrollo de nuestra transición democrática, quizás hoy deberíamos centrarnos en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en la “cláusula Martens”, que tipificaba como delito los abusos de vencedores sobre vencidos, y en la legislación internacional sobre Derechos Humanos, que, como bien recalcó el analista José Yoldi en El País el pasado 8 de septiembre (en su artículo La justicia de los vencidos), "reconoce que las desapariciones forzosas constituyen un delito permanente mientras las víctimas continúen en paradero desconocido”. Expresada mi opinión, también me gustaría comunicarle mi desacuerdo con algunos juicios o calificativos que el desarrollo de su labor está generando en diversos medios que se alejan del pensamiento de izquierdas. Todos ellos vertidos hacia su persona o empresa. Algunos han señalado que tiene cierto afán populista. Otro conocido historiador ha señalado también que “no necesitamos ningún juez que decida qué es la Historia” o que usted “está convirtiendo España en un tanatorio”. Despropósitos, estimado juez. Lo que ocurre es que usted ejercita su trabajo, que es el de juzgar. Olvidan estos generadores de polémica que cuando solicitó información sobre las víctimas de esta enterrada historia -a la Conferencia Episcopal, al Archivo General de la Administración, al abad del Valle de los Caídos, a los alcaldes de diversas ciudades, etc.-, detrás se hallaban, entre otras, las denuncias de 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Esperaré impaciente el fallo que ponga de manifiesto su competencia para continuar con la investigación. En primer lugar, porque pienso que el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional está haciendo mucho por los familiares de las víctimas de la brutalidad, intolerancia o arbitrio franquista. Por otro lado, porque considero que las exhumaciones no reabren heridas, sino que las cierra. Para ello me revisto con la profesionalidad de Guillermo Fouce, profesor de la Universidad Carlos III y Coordinador de Psicólogos sin fronteras, que, tal y como señalaba en el diario Público el pasado 18 de septiembre en su artículo La memoria histórica cierra heridas, “los procesos de recuperación de la memoria histórica cierran heridas, cierran procesos y contribuyen a una mejora en las condiciones de vida de los familiares. No se abren traumas, más bien se normaliza la convivencia, se rompen tabúes sociales y políticos y, con ello, las personas atenúan sus propias pesadillas”. El cuerpo es necesario, qué duda cabe, para cerrar el duelo. Así ha sido desde que el hombre es hombre. Y por último, espero su triunfo sobre la Fiscalía porque admiro su profesionalidad. Los habrá iguales para investigar casos como éste. Para esclarecer y dar digna entierro a las más de 133.000 víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. Ardua, minuciosa y costosa tarea. Pero no los habrá mejores que usted.

Le desea una pronta recuperación, Javier de Matrice